Desde el año 1993, la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales ha venido cambiando y adaptándose a los nuevos retos, culminando con la aprobación de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
España, siguiendo la línea de los demás miembros de la Unión Europea, ha endurecido sus reglas y normas para la prevención de blanqueo de capitales, lo que ha ampliado el alcance de la normativa que regula esta materia, afectando a un gran número de actividades y profesiones.
La aplicación por parte de los sujetos obligados de las medidas que obliga la legislación, debido a su complejidad, si se hace con el apoyo de un consultor externo experto en la materia se simplifica enormemente, y además se evita la posibilidad de cometer errores que nos puedan llevar a la imposición de una importante sanción.
