A fin de acabar con la exclusividad de información y para facilitar la portabilidad de datos a través de los diferentes estados y empresas de la Unión Europea, los órganos institucionales de la Unión han propuesto una nueva normativa que sería aplicable a todo tipo de empresas, poniendo especial énfasis en las nuevas tecnologías y en la digitalización de la economía, con pretensiones muy ambiciosas en dispositivos que usen Internet of Things (IoT) o servicios de computación en la nube.

Este proyecto de ley pretende incluir diversas medidas que obliguen a las empresas compartir datos entre ellas, con el objetivo de favorecer a las PYME, que se ven especialmente perjudicadas a la hora de negociar transferencias de datos con firmas más grandes.

Desde la Comisión Europea se argumenta que actualmente no se le saca todo el potencial a los datos que las empresas utilizan a la hora de reducir sus costes e incrementar la eficiencia en su uso, augurando importantes ahorros en muchas industrias.

El nuevo texto normativo permitirá por ejemplo acceder a los datos de un cliente generados por el fabricante de un producto a todos los actores involucrados en la cadena de valor desde que un producto es fabricado hasta que este es comercializado, incluyendo también los servicios postventa, siendo también perfectamente compatible con actual Regulación General de Protección de Datos (RGPD).

El acceso a todos estos datos se convertirá en una ventaja competitiva de la que todas las empresas se podrán beneficiar por igual, intentando ser lo más equitativa posible, evitando dejar atrás a las pequeñas empresas que suelen tener un poder negociador nulo frente a grandes tenedores de datos. Además de esto, también se establecerán mecanismos de compensación a los fabricantes en los casos que se prevean necesarios, convirtiendo en no vinculantes las cláusulas de intercambio de datos que sean consideradas injustas o abusivas. Asimismo, se prevé generar garantías para evitar un uso de datos que sea perjudicial para el fabricante, como por ejemplo para hacer competencia desleal.

También se menciona que, en ocasiones excepcionales, los datos que las empresas recopilen pueden llegar a ser consideradas de interés público, pudiendo las administraciones públicas acceder a ellos cuando lo consideren conveniente, de forma gratuita si se usan directamente para hacer frente a una emergencia pública. Para otros casos como evitar posibles emergencias o cumplir mandatos de interés público se establece que se podrán solicitar compensaciones.

Cabe decir que por ahora no es más que un anteproyecto de ley que aún está tomando forma, y que posteriormente deberá ser aprobado tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo para que la ley se vuelva efectiva y vinculante.

Pese a lo anterior, desde SETEMCAT seguiremos informándonos tan pronto tengamos nueva información y el proceso se materialice como de costumbre, teniendo en cuenta que este proceso puede llevar varios años hasta oficializarse.