El Gobierno español ha aprobado un anteproyecto de ley que reduce la jornada laboral máxima de 40 horas semanales a 37,5 horas, sin reducción de salario. Esta medida, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2025, busca mejorar la conciliación laboral y el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, genera preocupación entre las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 99,8% del ecosistema empresarial del país y podrían enfrentarse a mayores dificultades económicas y organizativas para adaptarse.

Objetivos del Gobierno con la nueva normativa

El Gobierno justifica esta reforma como un paso hacia una sociedad más equilibrada y moderna, promoviendo la conciliación, la salud mental y física de los trabajadores y una mayor eficiencia productiva. Se enmarca en una tendencia histórica de reducción de jornada, siguiendo modelos de países como Alemania o Noruega, donde menos horas trabajadas han resultado en mayor productividad por hora.

Además, la normativa refuerza el registro horario digital obligatorio y el derecho a la desconexión digital, medidas que buscan garantizar el cumplimiento de los nuevos límites laborales.

El problema para las pymes: mayores costes y menor flexibilidad

Las pymes, que constituyen la base de la economía española, son las más afectadas por esta reforma. A diferencia de las grandes empresas, cuentan con recursos más limitados para absorber el impacto de la reducción de jornada sin que afecte a sus cuentas. Algunos de los principales retos incluyen:

  • Aumento de costes laborales, ya que para mantener la misma productividad muchas empresas tendrán que contratar más personal.
  • Dificultades en la reorganización de turnos, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio y la sanidad.
  • Menor flexibilidad para adaptarse a picos de demanda estacional o a trabajos con necesidades específicas de horario.

Según organizaciones empresariales, sin medidas de apoyo o incentivos, esta reducción de jornada podría derivar en despidos, reducción de beneficios o incluso cierre de negocios en algunos sectores.

Registro horario digital y derecho a la desconexión: una carga extra para las empresas

La normativa también establece la obligatoriedad del registro horario mediante sistemas digitales fiables, accesibles e interoperables. Esto supone una inversión tecnológica para muchas empresas que aún no cuentan con estos sistemas.

Por otro lado, el derecho a la desconexión digital implica que los empleados no pueden ser contactados fuera del horario laboral sin su consentimiento, lo que podría afectar a negocios con dinámicas laborales flexibles o que operan en distintos husos horarios.

Impacto en los salarios y en el coste de los productos finales

A pesar de la reducción de jornada, los salarios no han disminuido, lo que supone un incremento del coste por hora trabajada para las empresas. Para mitigar este impacto, es posible que muchas compañías trasladen estos costes al consumidor final, elevando los precios de bienes y servicios.

En conclusión, aunque esta reforma busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, su implementación sin un plan de apoyo para las pymes podría generar efectos negativos en el empleo, la competitividad y la estabilidad económica del país.

 

Desde SETEMCAT queremos destacar que la nueva normativa sobre la reducción de la jornada laboral no solo implica cambios organizativos y económicos para las pymes, sino también un mayor compromiso con la gestión eficiente de la información y la seguridad de los datos. La digitalización del registro horario y la regulación del derecho a la desconexión digital suponen nuevos retos para la protección de datos personales en el entorno laboral.

Adaptarse a estos cambios no solo contribuye al cumplimiento legal, sino que también refuerza la confianza interna y externa en la organización. Gestionar adecuadamente la información sensible de los empleados es clave para garantizar la seguridad de los datos y proteger la reputación de tu empresa en un entorno cada vez más digitalizado.

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